Monday, June 24, 2013

"Juventud movilizada y petróleo mexicano" (La Jornada, 24 de junio, 2013)

Manifestantes en Brasil/ Foto: La Jornada
Las movilizaciones recientes en Turquía, Brasil, Chile, Grecia y México, junto con los heroicos actos de denuncia de Edward Snowden y Bradley Manning, hablan del surgimiento de una nueva coyuntura histórica a escala mundial. Una nueva generación de jóvenes cultos e informados con grandes expectativas sobre el desempeño de la democracia ha transformado de raíz el debate público. Previamente, la "primavera árabe" y las movilizaciones de España, Inglaterra y Estados Unidos ya habían anunciado el inicio de esta transformación histórica.

A los ideólogos de la falsa utopía "clasemediera" les salió el tiro por la culata. Supuestamente la urbanización, mayores niveles de escolaridad y el consumo conspicuo de productos importados y electrónicos habrían de limar la cultura popular de sus asperezas contestatarias, discursos críticos, y tendencias solidarias para abrir paso a una nueva humanidad obediente, individualista y "competitiva" al estilo estadunidense. La esperanza de estos teóricos era que dicha transformación social facilitaría la imposición impune de un modelo de desarrollo excluyente.

Pero sorpresivamente aquellos sectores sociales más "modernos", los jóvenes urbanos con educación universitaria, son los que más rechazan las mentiras de los políticos y los designios del capital financiero internacional. De manera similar a la derrota del "comunismo realmente existente" a causa de las movilizaciones sociales durante la década de los 80, hoy la "democracia realmente existente", el totalitarismo de nuestros días, también se desmorona. Los paralelos históricos entre el momento actual y los movimientos estudiantiles y de liberación nacional de los años 50 y 60 también son evidentes.

El nuevo sujeto histórico rechaza la anquilosada política de los partidos, pero no rehúye la verdadera acción política. Se indigna por la corrupción y la represión gubernamental, pero no cuestiona la necesidad de un Estado regulador y eficaz. Rechaza las mentiras y manipulación de los medios electrónicos, pero defiende con valor y congruencia el derecho a comunicar e informarse libremente, sin censuras o espionaje. Sobre todo, está inspirado por un ideal claro de una sociedad justa donde todos y todas puedan desarrollar plenamente sus talentos y tener una vida digna, sana y libre de sometimientos...

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Tuesday, June 18, 2013

"Comunicaciones privadas e independencia nacional" (Revista Proceso, 16 de junio, 2013)

Edward Snowden
Justicia para Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román, activistas sociales cobardemente asesinados en Iguala,Guerrero.

El periódico británico The Guardian ha revelado que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas contratistas intervienen de manera indiscriminada y masiva en las comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero. Barack Obama y sus socios también han desarrollado un agresivo aparato de ciberguerra para hackear, infiltrar y destruir unilateralmente a cualquiera que se oponga a sus “intereses nacionales”. Esta situación no solamente tiene que ver con China y el Medio Oriente, sino que también implica directamente a México. El vergonzoso e indignante silencio del gobierno y la clase política mexicanos con respecto a estas revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden revela que la soberanía nacional aparentemente no les importa a los políticos.

Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y Vicente Guerrero se revuelven en sus tumbas. Frente a esta traición histórica, la sociedad tendría que actuar de manera autónoma para defender su derecho a la privacidad y rescatar la independencia nacional.

En Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, las autoridades y los representantes populares han iniciado investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM, dado a conocer por Snowden, implica la vigilancia ilegal de comunicaciones privadas de sus propios ciudadanos, y en qué medida sus gobiernos respectivos serían cómplices de este programa o incluso cuentan con programas propios similares. Las organizaciones de la sociedad civil también se han activado. La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), por ejemplo, ha demandado al gobierno de Barack Obama por violaciones a los derechos de la privacidad y al debido proceso de los estadunidenses.

En México tendríamos que actuar de manera similar. El artículo 16 de la Constitución indica claramente que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”. El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. El Código Penal Federal fija una pena de seis a 12 años de cárcel para quien intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento judicial....

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Monday, June 10, 2013

"Al rescate de la soberanía popular" (La Jornada, 10 de junio, 2013)

Dip. Ruben Camarillo/ Foto: La Jornada
La soberanía popular se encuentra en riesgo. Las acciones de la clase política nacional evidencian un desapego cada vez más contundente del requerimiento constitucional, plasmado en el artículo 39, de que el poder público sirva al pueblo y no a intereses extranjeros o de grupo. En respuesta, urge multiplicar y consolidar a lo largo y ancho de la República espacios autónomos de intercambio, análisis, exigencia y movilización ciudadana. Si no ejercemos hoy nuestros derechos constitucionales, mañana se esfumarán por completo junto con la soberanía nacional.

El debate nacional ya se ha privatizado. Desde el inicio del sexenio las discusiones públicas en el Congreso de la Unión fueron remplazadas por reuniones cupulares entre políticos sin representación popular dentro del mal llamado Pacto por México. Pero este manto de oscuridad aparentemente ya no les basta a los políticos. Hoy quieren liberarse completamente de cualquier responsabilidad frente a la ciudadanía.

El diputado panista Rubén Caramillo ha confesado públicamente que existe un "grupo de negociadores" que se reúne en secreto para debatir los pormenores de la próxima reforma energética. César Camacho, quien preside tanto el PRI como el consejo rector del Pacto por México, ha aclarado que estas negociaciones no ocurren "en la mesa del pacto".

No sabemos entonces quiénes integran este petit comité ni qué se comenta allí. Solamente se nos ha informado que desde el punto de vista del PAN allí no hay caretas ni falsos nacionalismos. En otras palabras, estaría totalmente excluido cualquier representante de los casi 16 millones de ciudadanos quienes en la última elección presidencial expresaron su contundente rechazo a cualquier privatización de Pemex por medio de su voto para el único candidato que defendió este principio en campaña, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que queda de la clase política ya no está interesada en organizar espectáculos mediáticos para simular que toman en cuenta a la ciudadanía. Han decidido atrincherarse en las cavernas más oscuras de la corrupción para acordar el reparto del pastel petrolero directamente con la oligarquía nacional y el capital financiero internacional.

Todo parece indicar que la nueva reforma "antiterrorista" presentada por Enrique Peña Nieto la semana pasada surgió de estas mismas catacumbas. No es la ciudadanía mexicana, sino las autoridades estadunidenses quienes exigen al gobierno federal endurecer las penas para el terrorismo, así como ampliar la definición del mismo para incluir los ataques a cualquier persona relacionada con un gobierno extranjero. Tal como ocurrió con las reformas al artículo 27 de la Carta Magna para permitir la venta de los litorales a los extranjeros y con la autorización de cien por ciento de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones, una vez más los políticos privilegian los intereses de una nación extranjera por encima del pueblo mexicano...

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Friday, June 7, 2013

"Por una verdadera reforma electoral" (Revista Proceso, 1 de junio de 2013)

Consejero Presidente Leonardo Valdés/Foto: Proceso
A los políticos no les conviene modificar el actual sistema corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994 y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de raíz el sistema. 

Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana. 

Con respecto a la reforma electoral, hay que ir más allá de atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales. 

Es necesario dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para defender la autenticidad del sufragio...

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