Tuesday, August 21, 2012

"La nostalgia autoritaria" (Revista Variopinto, 21 de agosto de 2012)

Habría que tener particular cuidado con las propuestas de reforma política que se inspiran en una nostalgia autoritaria. Estas surgen del diagnóstico equivocado de que el problema principal con el sistema político actual sería una supuesta ausencia de acuerdos y una falta de respeto para la figura presidencial. En lugar de abrazar al pluralismo democrático y fomentar el debate de ideas, este enfoque busca la recuperación de la supuesta «unidad» de la época del partido de Estado.

Es probable que con el retorno del PRI a Los Pinos este tipo de propuestas se multipliquen y cobren más relevancia. De ahí la importancia de exponer sus verdaderos motivos y delinear una agenda mínima de reformas estratégicas encaminadas a dotar al sistema político de un sentido democrático.

La propuesta de Enrique Peña Nieto de reducir de 200 a 100 el número de diputados federales plurinominales es un excelente botón de muestra de una propuesta que mira hacia el pasado en lugar del futuro. El fondo de esa iniciativa es retornar a la época del presidencialismo priista en el cual el jefe del Ejecutivo contaba con una mayoría legislativa predeterminada, lo que le permitía ignorar a la oposición. Otra iniciativa que camina en el mismo sentido es la presentada recientemente por Manlio Fabio Beltrones Rivera, en la que apuesta por la creación de un «gobierno de coalición».

La representación proporcional tiene la crucial función de asegurar que el Congreso de la Unión muestre de manera más fiel la pluralidad de voces e intereses sociales. Si solo hubiera diputados uninominales elegidos en su distrito correspondiente, quedarían excluidos los grupos que no alcanzaran la mayoría de votos en un distrito en particular. Los plurinominales, elegidos por listas, existen precisamente para complementar el criterio territorial con otros más temáticos, de identidad o ideológicos que aseguran la participación política de la más amplia diversidad del pueblo mexicano.

La aplicación del principio mayoritario a secas y a rajatabla termina inevitablemente en una dictadura de la mayoría. Pero la democracia no es el gobierno de las mayorías, sino del pueblo. Y para su buen funcionamiento requiere que predominen los principios de inclusión y pluralidad por encima de una supuesta gobernabilidad o unidad excluyente e intolerante...

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Monday, August 20, 2012

"La partera de la imposicion" (La Jornada, 20 de agosto de 2012)

Foto: Cristina Rodriguez, La Jornada
El Instituto Federal Electoral (IFE) una vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas, coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado exoneraron a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.

A raíz de las investigaciones de Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato presidencial del PRI por cometer un sistemáticofraude a la ley con la adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de México por los comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta, así como entrevistas sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre otros casos.

Pero en lugar de tomar en serio las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados, solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las principales televisoras.

De acuerdo con el IFE, no hacía falta indagar más allá porque los indicios aportados por el PRD "no descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos medios de convicción". En otras palabras, supuestamente no existiría base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman, Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los desmentidos de los medios electrónicos que "controvierten" lo afirmado por el periodismo nacional e internacional...

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Wednesday, August 15, 2012

"La hora de la sociedad" (Revista Proceso, 12 de agosto de 2012)

Protestas en el TEPJF/Foto: EMiranda, proceso.com
México no avanzará hasta que la clase política, los poderes fácticos y los funcionarios públicos cuenten con un contrapeso social suficientemente fuerte para obligarlos a velar por el interés público en lugar de sus negocios personales. El cambio necesario no vendrá desde las cúpulas del poder sino desde la movilización ciudadana. Las “instituciones” son importantes en cualquier democracia, pero solamente funcionan cuando están sometidas a una fuerte presión social.

El generoso periodo entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo presidente es una oportunidad de oro para la articulación de un amplio movimiento social. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acata las órdenes del Consejo Coordinador Empresarial y valida sobre sus rodillas la elección de Enrique Peña Nieto, todavía habrán tres largos meses para construir una fuerza social suficientemente grande para resistir los embates que vendrían en contra de la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos laborales y la industria petrolera nacional. Este periodo también serviría para construir un proyecto ciudadano nuevo que limita y reparte el poder social, económico y político hoy en manos de los monopolios y los poderes fácticos y entregado a los intereses de Estados Unidos.

La oportunidad para la sociedad se ampliaría aún más si el TEPJF decide extender el periodo necesario para calificar la elección presidencial o, en su caso, invalida la elección con base en las pruebas aportadas por Andrés Manuel López Obrador o adquiridas por el mismo tribunal con base en sus amplias facultades de investigación. Un eventual gobierno interino no implicaría crisis política alguna, sino que solamente extendería durante unos meses más el “interregno” entre el gobierno saliente y el entrante que ya existe en los hechos. Tal situación podría ser la oportunidad ideal para la construcción de un nuevo pacto nacional, o incluso un nuevo Congreso Constituyente, desde la sociedad y sin la manipulación propia de los políticos y los burócratas.

Hay que celebrar entonces que el movimiento #YoSoy132 haya decidido ampliar su lucha más allá de solamente los temas de la imposición de Peña Nieto y la manipulación mediática. En su manifiesto del pasado 27 de julio, señalan seis prioridades: 1) Democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, 2) Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, 3) Cambio en el modelo económico neoliberal, 4) Cambio en el modelo de seguridad nacional y justicia, 5) Transformación política y vinculación con movimientos sociales, y 6) Derecho a la salud...

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Monday, August 6, 2012

"Rompiendo el silencio" (La Jornada, 6 de agosto de 2012)

 #YoSoy132 en Televisa/Foto: José Carlo González, La Jornada
"No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: ¡Basta de envenenar la verdad con el dinero! ¡Basta de pervertir el conocimiento y la educación! […] ¡Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro! ¡Construyamos el camino que florece en nuestras manos!” Así concluye el histórico manifiesto del movimiento #YoSoy132 pronunciado a las puertas de Televisa al concluir la toma pacífica de sus instalaciones el pasado viernes 27 de julio.

Los jóvenes han tenido el enorme acierto de identificar la democratización de los medios de comunicación como uno de los objetivos prioritarios en la lucha por lograr una democracia auténtica. Es también correcto ubicar a la empresa Televisa como una de las principales responsables tanto de la degradación del debate público nacional como de la corrupción de la esfera de competencia política. Al establecer acuerdos con actores políticos como Enrique Peña Nieto y PVEM, la televisora de Chapultepec ha fomentado un mercado negro en materia de entrevistas y coberturas informativasque no tiene lugar en un contexto democrático.

La abultada telebancada, que incluye más de 15 diputados y senadores cercanos a Televisa y Tv Azteca, también demuestra que la relación entre las televisoras y el PRI y PVEM ha rebasado el intercambio de favores para entrar en una etapa de verdadera simbiosis, en que es cada vez más difícil distinguir dónde terminan las empresas mediáticas y dónde inician los institutos políticos. Mientras, el Instituto Federal Electoral (IFE) se vanagloria con el supuesto éxito en la aplicación del nuevo modelo de comunicación política. Leonardo Valdés afirma que "la industria de la radio y la televisión cumplió con su responsabilidad legal y con la democracia".

Nada más lejano de la realidad. En primer lugar, no hay razón para confiar ciegamente en la cifra de 97 por ciento de cumplimiento de la transmisión de los más de 43 millones de promocionales durante las campañas, precampañas e intercampañas. Hace falta elaborar una auditoría ciudadana para saber hasta qué punto se cumplió cabalmente con la pauta del IFE. También existen indicios de que las televisoras jugaron a conveniencia con los tiempos entre la recepción de los órdenes o espots nuevos del IFE y su cumplimiento, por ejemplo con el retiro tardío del promocional calumnioso en contra de López Obrador y el remplazo particularmente veloz de los espots de Peña Nieto...

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