Tuesday, April 26, 2011

"Gobierno militar" (Revista Proceso, 24 de abril de 2011)

Con la nueva versión de la Ley de Seguridad Nacional, que se pretende incluir en la avalancha de dictámenes que aprobará en los próximos días la Cámara de Diputados, se busca abrir la puerta al franco establecimiento de un gobierno militar en el país. En lugar de escuchar el reclamo popular de “No + sangre” y empezar a construir una ruta para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el establecimiento de un ejercicio de rendición de cuentas ante tribunales civiles, Felipe Calderón está empeñado en normalizar y ampliar el nuevo papel de los militares de control directo sobre la población.

La verdadera nuez de esta reforma, que ha sido negociada en sigilo entre las Fuerzas Armadas, la Presidencia y algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la nueva definición de “paz” que incluye. El dictamen contiene joyas argumentativas como la siguiente: “La paz debe interpretarse como el estado contrario a la guerra, pero no como el estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.

Estos absurdos malabares, que de forma peligrosa plantean la existencia de una “paz conflictiva”, tienen el macabro objetivo de ignorar lo expresado en los artículos 29 y 129 de la Constitución. En el primero, la Carta Magna permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública”. En el segundo, el texto constitucional señala tajantemente que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La jurisprudencia en la materia (Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas militares únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.

Pero Calderón ya ha demostrado que no le presta demasiada atención a lo que dice la Constitución. Y tampoco cuenta con la legitimidad social y política requerida para lograr modificaciones a la Carta Magna. Así que, tal como ocurrió con la reforma petrolera, y más recientemente con la reforma laboral, el Partido Acción Nacional y el PRI se proponen empujar su agenda por la vía de una reforma capciosa a una ley secundaria que supuestamente permitiría una reinterpretación del texto constitucional.

De manera preocupante, con la nueva Ley de Seguridad Nacional también se buscaría eliminar la posibilidad de enjuiciar en tribunales civiles a los militares que cometan delitos contra la población. En cumplimiento de una serie de fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la minuta aprobada por el Senado señalaba que -las conductas que (las Fuerzas Armadas) realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 (que se refiere a la competencia de las “autoridades civiles”) y 133 (que otorga a los tratados internacionales la calidad de “ley suprema”) constitucionales”. Sin embargo, el dictamen de los diputados señala que los delitos de los militares únicamente serán perseguidos y sancionados “de conformidad con las normas legales que los rigen”. En otras palabras, será el Código de Justicia Militar el único instrumento a ser aplicado.

El dictamen que se discutirá en comisiones incluye disposiciones que permitirían a las Fuerzas Armadas liberarse de los mandos civiles para convertirse en “coordinadores responsables” ante “afectaciones a la seguridad nacional”. Así, los militares ya no serán solamente “auxiliares” sujetos a las órdenes de los mandos civiles, sino que estarían directamente a cargo de la “guerra” de Calderón. De esta manera, ya no serán Genaro García Luna ni Marisela Morales los encargados de informarnos sobre el estado de la seguridad de la nación, sino el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Sáynez, quienes directamente asumirían la conducción pública y política de la estrategia de seguridad pública. De aquí solamente faltaría un pequeño paso para que estos poderosos mandos militares puedan ocupar directamente el mando de todo el país desde Los Pinos.

Otros detalles problemáticos del nuevo dictamen son la autorización a los militares para coadyuvar con la PGR en detenciones y cateos, realizar “operaciones de vigilancia y seguimiento” y establecer retenes de manera indiscriminada. También se autoriza a los militares dilatarse en la entrega a la PGR de los delincuentes detenidos “en flagrancia” con el fin de “proteger la integridad física de la autoridad”. Asimismo, el nuevo capítulo octavo de la ley amplía de manera radical las facultades del presidente de la República para utilizar unilateralmente a las Fuerzas Armadas cuando existan “amenazas provenientes del exterior”. Así que bastará con la participación de un par de narcos colombianos en algún acto de violencia para que Calderón realice su sueño de “disparar misiles” contra cualquiera que se le ponga en frente.

Pero quizás el elemento más preocupante de la pretendida reforma es la autorización incluida en el artículo 74, VIII para la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de “acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social” cuando constituyan un “desafío” o “amenaza” para el país. Estos términos se definen, respectivamente, como un “obstáculo” que “afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano” y uno que “atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano”. Al parecer, Calderón se ha inspirado en la respuesta violenta que el general Gadafi ha dado a los rebeldes libios.

La paz no se debe matizar, negociar ni dejar al arbitrio de las fuerzas militares o de Calderón. Ojalá que los diputados actúen y defiendan las instituciones estatales y la Constitución antes de que el verdadero “peligro para México” se materialice por medio de un golpe militar*

ARTÍCULO TAMBIÉN DISPONIBLE EN: PROCESO (Acceso gratuito), EL DIARIO (Ciudad Juárez), EXPRESIÓN LIBRE 

Monday, April 18, 2011

"Los conflictos del Tribunal Electoral" (La Jornada, 18 de abril de 2011)

Con el caso de la polémica cena en casa de María del Carmen Alanís Figueroa, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han vuelto a demostrar que su preocupación principal no está en la impartición de justicia, sino en la protección de intereses inconfesables. En lugar de aprovechar la discusión suscitada la semana pasada para establecer nuevas reglas de comportamiento, los magistrados garantizaron no sólo la total impunidad de la magistrada presidenta, sino que sentaron un muy negativo precedente para que otros funcionarios electorales actúen libremente sin temor a represalias frente a acusaciones sobre posibles conflictos de interés.

De ahora en adelante, todos los servidores públicos, tanto del TEPJF y el Instituto Federal Electoral (IFE) como de los institutos y tribunales de las entidades federativas, tienen permiso para reunirse con cualquier actor político, social o gubernamental en el momento que sea, hora o lugar para tratar todo tipo de asuntos. El único límite será cuidar las formas para que no parezca que se estén presentando alegatos jurídicos ante el funcionario correspondiente.

Asimismo, de acuerdo con la decisión del TEPJF, habría que tomar todas las medidas necesarias para asegurar la más absoluta opacidad respecto del contenido de las reuniones. De lo contrario, algún periodista latoso podría cometer el sacrilegio de insinuar conductas indebidas que pongan en duda la pureza de los más altos juzgadores en materia electoral del país.

Así como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia de Iniciativa México busca meter la sangre bajo la cama en lugar de acabar con ella, hoy la resolución del TEPJF (SUP-IMP-1/2011) busca esconder los conflictos de interés en lugar de expulsarlos de raíz en la impartición de justicia. Se ratifica así, una vez más, la República de la Simulación que impera en México y que tanto daño ha causado a las instituciones y a la población...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN LA JORNADA

Thursday, April 14, 2011

"Derecho electoral y organismos autónomos" (Entrevista in extenso, El Mundo del Abogado, Abril 2011)

Educado en la Universidad de California e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John M. Ackerman propugna no sólo por el replanteamiento de la estructura constitucional del Estado, sino sobre todo por que los funcionarios, abogados y jueces tomen conciencia del papel que juegan en la consecución de un México más democrático, pacífico y transparente.

TEXTO COMPLETO DE LA ENTREVISTA DISPONIBLE AQUÍ

Monday, April 11, 2011

"La paciencia se agota" (Revista Proceso, 10 de abril de 2011)

La protesta en Cuernavaca
(Foto: Miguel  Dimayuga/proceso.com)
Las marchas multitudinarias del miércoles 6 en solidaridad con Javier Sicilia demuestran que se empieza a agotar la paciencia de los mexicanos. Una franja cada vez más amplia de ciudadanos ya no está dispuesta a esperar que la situación de inseguridad continúe empeorando. Los mexicanos queremos resultados ahora y no vemos ninguna señal de que estemos siquiera caminando en el sentido correcto. 

Algo similar ocurrió ya hace 20 años y desencadenó el proceso político y social que terminó por expulsar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. A partir de la crisis de la deuda y el desplome económico a nivel internacional, a mediados de los años ochenta el gobierno implementó varias medidas de “ajuste estructural” que iniciaron el cambio hacia el neoliberalismo económico que todavía hoy padecemos. 

En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid sostenía que las medidas eran temporales, necesarias para salir de la crisis en el corto plazo y generar condiciones para la prosperidad futura. La esperanza pareció materializarse a mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando algunos indicadores económicos empezaron a repuntar. Salinas incluso llegó a declarar que México estaba listo a dar el paso para formar parte del “primer mundo”. 

Pero la fantasía cayó como un castillo de naipes a finales de 1994, cuando la crisis económica y financiera reveló que el éxito económico de Salinas era una gran falacia. En lugar de fortalecer los cimientos de la economía, Salinas se dedicó a repartir jugosos contratos, concesiones y privatizaciones entre sus amigos. Esto fue posible debido al sistema sumamente autoritario y opaco de la época...

ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA PROCESO (Acceso gratuito), EL MAÑANA,  EDUCACIÓN CONTRACORRIENTE  


VERSIÓN EN FRANCÉS PUBLICADA EN COURRIER INTERNATIONAL 


RESUMEN DE CONFERENCIA MAGISTRAL IMPARTIDA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, "LA PACIENCIA DE LA SOCIEDAD MEXICANA SE AGOTA"

Tuesday, April 5, 2011

"La gota de sangre que derramó el vaso" (La Jornada, 5 de abril de 2011)

Javier Sicila/Jornada.com
Ahora sí erraron el blanco. No es lo mismo haber matado al hijo de Javier Sicilia que a los de Alejandro Martí, Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace. Si bien ellos llegaron a ser importantes voces ciudadanas de repudio a la inefectividad gubernamental, hoy ya no insisten en la renuncia de los que no pueden, sino se dedican a recibir premios y a respaldar la totalitaria Iniciativa México (IM) en su campaña por mover las conciencias de los mexicanos (mi análisis de IM: http://bit.ly/9dob1b).

Pero otra historia se contará sobre el caso de Juan Francisco Sicilia y su padre Javier. Felipe Calderón se apresuró a llamar por teléfono al poeta inmediatamente después de que el cadáver de su hijo fue encontrado porque sabe que ésta podría ser perfectamente la gota de sangre que derrame el vaso. Javier Sicilia es un hombre culto y de izquierda que difícilmente podrá ser domesticado. Podríamos estar a punto de vivir una verdadera avalancha social de repudio al sangriento fracaso en materia de seguridad pública.

Todo ciudadano mexicano verdaderamente interesado en la justicia y la paz debe responder positivamente a la convocatoria que Sicilia ha lanzado para participar en una movilización nacional mañana miércoles 6 de abril a las 17 horas. El objetivo será expresar el repudio social generalizado a la violencia y muerte generadas tanto por los delincuentes como por las autoridades gubernamentales.

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Monday, April 4, 2011

"Alianzas perversas" (La Jornada, 4 de abril de 2011)

Roberto Madrazo/Foto: Francisco Olvera (La Jornada)
Los nuevos cables de Wikileaks divulgados por La Jornada revelan que para la elección presidencial de 2006 el Partido Acción Nacional (PAN) creó una alianza de facto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así como en las recientes elecciones en Guerrero se concretó una alianza de última hora entre PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en 2006 tanto el candidato presidencial Roberto Madrazo como la mayor parte de los gobernadores priístas abdicaron un mes antes de la elección con el fin de apoyar a Calderón.

Esta nueva información borra la imagen de un PRI moderno y de oposición responsable que este partido ha buscado transmitir. Como presidenta del PRI, Beatriz Paredes llegó a señalar que no había sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la responsabilidad democrática del viejo partido del Estado, lo que habría permitido a Calderón gobernar y ha dado vigencia a este régimen.

Es cierto que el rápido reconocimiento priísta de la victoria de Calderón fue fundamental para permitirle resistir los embates de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el apoyo del viejo partido del Estado a las iniciativas y políticas de Calderón durante la primera mitad de su sexenio aseguró cierto nivel de gobernabilidad, si bien a espaldas de la ciudadanía y en contra de la democracia.

Pero lo falso es sostener que estas acciones hubieran surgido de una actitud visionaria del PRI por colocar los intereses generales por encima de los del partido. Todo lo contrario: el apoyo priísta hacia el PAN se explica como una clara defensa de los propios intereses materializados en un gobierno que también es suyo. No es gratuito entonces que las discusiones que hoy dividen a estos dos partidos suenan más a pleitos de familia que a debates políticos de fondo...

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