La descomposición institucional y social que ha marcado el sexenio de Felipe Calderón se agrava minuto a minuto. El artero asesinato de tres jóvenes normalistas por la fuerza pública en Guerrero, los estudiantes ultimados en Guadalajara, las acusaciones penales en contra del padre Solalinde, el ataque a Norma Andrade, la desaparición de los ecologistas de Guerrero y la andanada de asesinatos y amagos a la prensa y a los defensores de derechos humanos en todo el país, configuran un escalofriante escenario de intolerancia y persecución que recuerdan las peores épocas del autoritario régimen de partido de Estado.
La situación prevaleciente rebasa la simple ausencia de un Estado de derecho. Refleja el total desmoronamiento de las mínimas reglas de convivencia y de negociación política y social. Desde el principio del actual sexenio ya se advertía que la verdadera causa de la violencia en el país no eran las disputas entre los narcotraficantes, sino la debilidad institucional que genera un clima de impunidad y corrupción en donde literalmente todo se vale. Hoy la responsabilidad de los gobernantes y de la clase política entera en la masacre nacional es más evidente que nunca.
Durante los periodos electorales los ánimos se caldean y los grupos caciquiles actúan sin rubor alguno. Hoy los sectores más retrógradas del PRI, como el figueroísmo en Guerrero, ya se frotan las manos al visualizar la posibilidad de reconquistar el poder y volver a repartir el botín entre sus amigos. Pero en esta pelea corren el riesgo de terminar descarnando a la patria a tal grado que lo único que lograrán será un simple saco de huesos para distribuir entre los ganadores...
ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN REVISTA PROCESO
