Thursday, March 25, 2010

"Obama must fulfil Mexican promise" (The Guardian, March 25, 2010)

Tuesday's announcement by US secretary of state, Hillary Clinton, that future US aid to Mexico will focus less on military support and more on institution building and community renewal is a step in the right direction. But this new approach is doomed to fail if it is not grounded in a more nuanced understanding of the situation south of the border. Instead of simply reacting to crises as they emerge, President Obama should develop a new forward-looking strategy of engagement.

Obama did not mention Mexico once in his state of the union address. He did visit Mexico twice last year, but both trips were brief and bureaucratic. In contrast to his visits to Europe and Africa, where he spoke before large crowds and held meetings with a wide variety of political and social leaders, he has only met behind closed doors with Mexico's president Felipe Calderón and his cabinet.

Tuesday's meeting in Mexico City was more of the same. The top-level team that accompanied Clinton did not deign to meet with anyone outside of Calderón's immediate circle and a cloud of opacity enveloped the discussions.

Full text of article available at:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/mar/25/mexico-obama

Monday, March 22, 2010

"Soberanía en riesgo" (La Jornada, 22 de marzo de 2010)

El encuentro de los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México que tendrá lugar mañana podría marcar el inicio de una peligrosa nueva época de la relación entre ambos países. El fracaso del gobierno de Felipe Calderón en asegurar la paz y el estado de derecho en nuestro país constituye la mascarada perfecta para justificar un renovado intervencionismo estadunidense. Es necesario mantenernos en alerta para evitar que se sacrifique la soberanía nacional ante la desesperación por contener la crisis en materia de seguridad pública haiga sido como haiga sido”.

Uno de los riesgos más evidentes de la estrategia de Calderón cuando hace tres años envió los militares a las calles fue que la eventual derrota en su “guerra contra el narcotráfico” dejaría al Estado mexicano en una situación de vulnerabilidad extrema. Dado que el Presidente quemó su último “cartucho” desde el principio de su sexenio, el Poder Ejecutivo queda hoy con muy pocas opciones para el futuro. En este contexto, Washington está listo para sacar provecho de la situación, eso sí bajo el discurso de “salvar” al gobierno mexicano de su propia desgracia.

Sería difícil exagerar la importancia de esta reunión, que contará con la presencia simultánea del secretario de Defensa, Robert Gates, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el presidente de las fuerzas armadas conjuntas, Mike Mullen, la secretaria de Seguridad de la Patria, Janet Napolitano, y el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/03/22/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Tuesday, March 16, 2010

"How Mexico Gets it Wrong" (Los Angeles Times, March 16, 2010)

The killing of three people linked to the U.S. consulate in Ciudad Juarez on Saturday forces a rethinking of the situation in Mexico. The government's "war on drugs" isn't working.

The violence, which has taken more than 17,000 lives over the last three years, has invaded the very fabric of Mexico's politics, government and society. It is time for the United States to transform its approach by replacing military aid and blind confidence in Mexico's sitting government with support for public institutions and broader citizen diplomacy. In the end, restoring order depends not on soldiers in the street and strongman tactics but on a more transparent, effective rule of law.

The Mexican government tries to defend its policies by minimizing its failures, arguing that 90% of the victims of the escalating violence are criminals. But this tired rhetoric is debunked almost daily by the killings of innocent journalists, human rights activists, students, housewives and maquiladora workers. A month ago, 16 hapless high school students were gunned down at a house party. After first claiming that the victims were most likely gang members, President Felipe Calderon was quickly forced to accept their innocence and issue a public apology for his comments.

Full text of article available at: http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-ackerman16-2010mar16,0,188718.story

Monday, March 15, 2010

"Estado de sitio" (Revista Proceso, 14 de marzo de 2010)

Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.

Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.

Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.

Como ya lo advertimos en estas mismas páginas (Proceso 1695), no hay duda de que la iniciativa del presidente de la República para reformar la Ley de Seguridad Nacional pavimenta el camino para un eventual golpe de Estado militar. En franca violación a los artículos 11, 16, 29 y 111 de la Constitución, la propuesta busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional –una instancia conformada exclusivamente por subordinados del presidente– de la facultad de declarar unilateralmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza, las fuerzas armadas estarían autorizadas para intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública y suspender nuestra libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y hasta nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones legales también autorizarían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales.

La decisión de la Suprema Corte de permitir que la PGR niegue información a la CNDH implica igualmente una grave afectación al estado de derecho. Ya de por sí es típica la falta de voluntad de la PGR para cumplir con los requisitos constitucionales en materia de transparencia. Recordemos las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que obstaculizan el acceso ciudadano a las averiguaciones previas, y la tradicional renuencia a cumplir con las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Pero hoy la Suprema Corte le da el tiro de gracia a cualquier esperanza de abrir la caja negra de la PGR. Preocupa en particular la abierta desconfianza que los ministros de la mayoría expresaron hacia los funcionarios de la CNDH al insinuar que la información confidencial no estaría segura en manos del ómbudsman. Si de desconfianzas se trata, habría que empezar con la misma PGR, cuyos funcionarios y policías han demostrado ser todo antes que pulcros y eficientes. Urge establecer nuevos mecanismos para la supervisión y vigilancia independientes de esta institución, responsable de la grave crisis en materia de seguridad pública que resiente el país.

Por último, es lamentable que el gobierno del Distrito Federal –el cual ha destacado en otros ámbitos (aborto, matrimonio gay, etcétera) por su promoción irrestricta de las libertades y los derechos ciudadanos– se sume hoy a la moda impuesta por el gobierno federal. La revisión aleatoria y discrecional de automóviles sin causa justificada implica una evidente violación al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

No nos acostumbremos a las estrategias propias de los gobiernos fascistas. Habría que exigir a nuestros gobernantes en todos los niveles que no pierdan de vista los principios y valores más básicos del liberalismo democrático que ha forjado nuestra patria desde hace 200 años*

Saturday, March 13, 2010

Chat sobre la Auditoría Superior de la Federación (El Universal, 11 de marzo de 2010)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de la fiscalización en todos los órganos de gobierno, tiene un reto en la lucha contra la corrupción. ¿Cumple la ASF de manera rigurosa con su labor? ¿Deben darsele mayores atribuciones a sus funciones?

John Mill Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hablará de la autonomía y transparencia en la ASF.
Participe con nosotros. Envíe sus preguntas y comentarios.

Vínculo para acceder a la versión estenográfica del chat: http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/14719.html

Monday, March 8, 2010

"La generación de la desfachatez" (La Jornada, 8 de marzo de 2010)

Durante el autoritarismo del régimen del partido de Estado, los ciudadanos ocasionalmente llegábamos a atestiguar la renuncia de uno que otro funcionario responsable de abusos de autoridad o actos de corrupción. Hoy ni siquiera estas victorias pírricas nos son permitidas. Aún cuando existe evidencia contundente de actos ilícitos o irregulares, los gobernadores o secretarios involucrados simplemente se niegan a dar la cara y continúan en el cargo como si nada hubiera ocurrido.

Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Eduardo Bours, Juan Camilo Mouriño, Javier Lozano, Genaro García Luna, Fernando Gómez Mont y Juan Molinar Horcasitas son ejemplos conspicuos de esta nueva “generación de la desfachatez”, que sin duda ha hecho más daño al país que la imaginaria “generación del no”. Constituye una vergüenza internacional el hecho de que nadie ha tenido el valor de afrontar su responsabilidad por la muerte de los niños de Hermosillo, el asesinato de jóvenes y mujeres en Ciudad Juárez, el abuso contra los campesinos en San Salvador Atenco, la inundación con aguas negras en Chalco, la muerte de los mineros en Pasta de Conchos y tantas otras tragedias y abiertas corruptelas que han venido caracterizando el escenario nacional en los años recientes. La señora impunidad reina rebosante en el México de la alternancia.

Artículo completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/03/08/index.php?section=opinion&article=022a1pol

Monday, March 1, 2010

"Nostalgia autoritaria" (Revista Proceso, 28 de febrero 2010)

Es una lástima que algunas figuras públicas aún no se acostumbren a vivir bajo las reglas de la democracia. Añoran el autoritarismo del pasado, cuando el Poder Legislativo servía a los intereses del partido en el poder y los legisladores se prestaban a ser meros levantadedos para aprobar las iniciativas del Presidente de la República. “No hay nada más que discutir, hay que votar y punto”, declaró Jorge Castañeda con desesperación a propósito del desplegado No a la Generación del No, que organizó junto con Héctor Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles. “Amigos legisladores: aprueben las reformas (de Calderón)”, ordena con soberbia el puñado de exgobernantes, exfuncionarios públicos, intelectuales y periodistas abajo firmantes.

El desplegado, difundido el martes 23, afirma que durante los últimos 13 años ha existido un “bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas”. En palabras de Sabina Berman, distinguida colega de la revista Proceso y también firmante del documento, “todo se confunde en nuestra democracia para que sencillamente no se apruebe nada en el Congreso”.

Afortunadamente, tal apreciación es profundamente equivocada. Ya desde 1997 hemos sido testigos de una gran productividad legislativa resultado del pluralismo y dinamismo renovado del Congreso. En este periodo se han emitido 51 decretos de reforma constitucional que han modificado en total más de 100 artículos. Asimismo, la aprobación de leyes ordinarias se ha acelerado a un paso nunca antes visto en la historia de México.

Algunas reformas particularmente importantes han consistido en la creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la dotación de autonomía plena a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la aprobación de la ley de transparencia y la reforma al artículo sexto de la Constitución, la creación del servicio civil de carrera, la reforma constitucional en materia de justicia penal, y la histórica reforma electoral de 2007-2008, entre muchas otras de gran envergadura.

Llama la atención que el desplegado feche el momento del inicio de la supuesta “parálisis” precisamente en 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El mensaje es claro: Antes, bajo el régimen del partido del Estado, el Legislativo sí dejaba “gobernar”. Hoy, bajo la pluralidad democrática, este poder se ha convertido supuestamente en un obstáculo para el avance del país. No debería sorprender, entonces, que algunos de los firmantes más conspicuos del desplegado sean precisamente antiguos funcionarios priistas, como Ernesto Zedillo, Pedro Aspe, Jaime Serra Puche y Luis Téllez. También destaca la firma de Luis Carlos Ugalde. Sólo faltó la firma de Carlos Salinas.

De cualquier modo, no hacía falta que “el innombrable” plasmara su autógrafo, ya que su posición se encuentra más que representada por los organizadores de esta declaración pública. En su ensayo Un futuro para México, que sirve de preámbulo y contexto para el desplegado, Aguilar Camín y Castañeda aclaman los tiempos supuestamente “modernizantes” que vivimos en México durante el sexenio de Salinas. “Apenas había empezado la obertura que sustituiría al nacionalismo revolucionario, el salto a la modernidad de los noventa, cuando la triste trilogía del año 1994 –rebelión, magnicidios, crisis económica– destruyó la credibilidad del nuevo libreto”. De acuerdo con estos escritores, hoy habría que recuperar el proyecto original del “gobierno audaz e ilustrado” de Salinas.

Otro elemento que confirma el espíritu salinista del desplegado es la afirmación de que la propuesta de reforma política de Calderón constituiría “el cambio más importante en el país desde 1994”. De un plumazo, los abajo firmantes borran del mapa toda la transición política mexicana. La reforma política de 1996, la alternancia de 2000 y las docenas de reformas constitucionales que se han aprobado desde entonces simplemente no se comparan a sus ojos con las privatizaciones y reformas “audaces” que impulsó Salinas antes de 1994.

Quizás no fue mera coincidencia que el mismo día en que se divulgó el desplegado, Salinas hiciera uno de sus calculados actos de presencia en público. Durante un foro organizado por la Fundación Espinosa Iglesias, el expresidente ofreció una conferencia magistral para autoalabarse por sus esfuerzos para “modernizar el Estado” cuando era presidente. El desplegado finge mirar hacia el futuro, pero en realidad nos invita a volver la mirada hacia una de las épocas más corruptas, opacas y autoritarias de la historia reciente de nuestro país.

Afortunadamente, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del PRI no hicieron caso a estos exabruptos y presentaron sus propias iniciativas de reforma política, que rebasan por mucho el alcance de las propuestas de Calderón. El PRD propone las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato, así como la participación del Congreso en la aprobación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, tanto el PRD como el PRI respaldan la ratificación del gabinete por el Legislativo, el fortalecimiento de las comisiones del Congreso, la dotación de autonomía plena al Ministerio Público y el fortalecimiento de la ASF.

Bienvenido el debate de estas y otras propuestas por venir. La historia demuestra que las mejores reformas siempre han sido las que primero se debaten de manera democrática y participativa. Así como existe la urgente necesidad de una renovación de nuestra clase política, también hace falta un cambio en aquellas figuras públicas que no hacen más que recurrir a las mismas estrategias chantajistas e intolerantes de siempre.*

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