Monday, February 22, 2010

"Secretarios en conflicto" (La Jornada, 22 de febrero de 2010)

La negociación de Fernando Gómez Mont para intercambiar el alza en los impuestos por las elecciones en Oaxaca implica una franca violación tanto a la Constitución como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). Asimismo, los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura a empresas de Francisco Mayorga, titular de la dependencia, su padre y sus hermanos, constituye un abierto atropello a la legalidad del país. Ambos funcionarios tendrían que presentar su renuncia o, al menos, separarse temporalmente de sus cargos para que la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones correspondientes.

Uno de los logros más importantes de la histórica reforma electoral de 2007 fue la inclusión de tres nuevos párrafos en el artículo 134 de la Constitución que buscan evitar la intervención indebida de funcionarios públicos en los procesos electorales. Específicamente, el párrafo séptimo de este artículo hoy señala que los servidores públicos tienen “en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Este texto legal busca acabar con la muy conocida tradición del régimen de partido de Estado, que si bien dio inicio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido continuada religiosamente por el Partido Acción Nacional (PAN), de confundir los asuntos públicos con los intereses del partido. La utilización por parte del secretario de Gobernación de su cargo, y los recursos que le corresponden, para apoyar al PRI y afectar los intereses de los partidos de izquierda en Oaxaca, violenta directamente la disposición constitucional arriba señalada, como bien ha sido advertido por Miguel Ángel Velázquez. No existe diferencia legal alguna, por ejemplo, entre este abuso y la utilización de programas sociales para favorecer al partido político en el poder.

Texto completo del artículo disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/22/index.php?section=opinion&article=016a1pol

Monday, February 15, 2010

"¿Habemus IFE?" (Revista Proceso, 14 de febrero de 2010)

La multa de 72 millones de pesos impuesta a Televisión Azteca el pasado 29 de enero podría implicar un parteaguas histórico en el desarrollo del Instituto Federal Electoral (IFE). Esta decisión bien podría llegar a ser recordada como el momento en que la nueva integración del Consejo General finalmente despertara a su responsabilidad de defender el espacio público y poner un alto a los poderes fácticos.

Lo más fácil para cualquier burócrata es utilizar la norma como un pretexto para no actuar. Escudándose en una interpretación sumamente limitada del “principio de legalidad”, que solamente permitiría hacer lo explícitamente autorizado por la ley, cualquier servidor público siempre puede encontrar alguna razón para evitar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades constitucionales.

Sin embargo, la historia del IFE demuestra que los avances en materia de legitimidad pública y efectividad institucional surgen cuando los consejeros logran deshacerse de este tipo de nociones. Las decisiones del Consejo General de 1996-2003 para controlar la compra y coacción del voto, solicitar la suspensión de propaganda gubernamental antes de las elecciones, investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y llegar a fondo en los temas del Pemexgate y Amigos de Fox evidenciaron una autoridad dispuesta a romper los acartonados límites del legalismo burocrático. Para poder realizar cada una de estas acciones, los consejeros, siempre con la Constitución en mano, construyeron caminos legales alternativos para evitar caer en la serie de trampas legales que los legisladores y los magistrados electorales les habían colocado en el camino.

Texto completo del artículo disponible en:

Thursday, February 11, 2010

"Fantasías modernizantes" (Revista Nexos, Febrero 2010)

El subdesarrollo político que aqueja al México actual no emerge de la permanencia de los “mitos” históricos de un pasado revolucionario, sino del malinchismo, elitismo y teleología que caracterizan a las visiones dominantes sobre nuestro futuro. En lugar de valorar los episodios determinantes de la historia política mexicana, los nuevos reformadores buscan emular ciegamente el sistema político de Estados Unidos. Esta perspectiva hace mofa de quienes reivindican las tradiciones populares de resistencia y crítica ciudadana, y busca remplazar estas “arcaicas” nostalgias por los nuevos modales de una “clase media” bien portada y obediente. Más que entender y sacar provecho del inédito dinamismo que vive hoy la democracia mexicana, este proyecto busca domesticarlo con el fin de seguir el rumbo marcado por las democracias del norte.

Samuel Huntington, finado profesor de la Universidad de Harvard, ideólogo de los lances imperialistas norteamericanos y crítico de la inmigración mexicana por sus efectos negativos sobre la “identidad nacional” de los “americanos”, paradójicamente sigue más vivo que nunca en el debate político contemporáneo de México. En su obra clásica de 1968, El orden político en las sociedades en cambio, Huntington argumentó que lo más importante para los países “en vías de desarrollo” no era el nivel de democracia de los sistemas políticos, sino hasta qué punto éstos contaban con “instituciones fuertes” capaces de imponer orden (o “gobernabilidad” en la terminología actual) sobre sus respectivas sociedades.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=72982

Monday, February 8, 2010

"Ciudadanos y partidos" (La Jornada, 8 de febrero de 2010)

La mejor vía para reducir la distancia entre ciudadanos y partidos políticos no es a través de la incorporación de candidaturas independientes” financiadas por los poderes fácticos, sino con la verdadera democratización de estos institutos políticos. En lugar de confrontar, en un juego de “suma cero”, a los partidos con una ciudadanía abstracta y supuestamente pura, habría que tomar por sorpresa a los partidos inundándolos de una verdadera y activa participación social.

No hay duda de que en la actualidad los partidos están capturados por una clase política más interesada en sus propias asuntos y negocios que en el bienestar del país. Pero sería un grave error tirar el agua sucia con todo y el niño. La eventual desaparición o marginación de los partidos políticos abrirá el escenario para la llegada al poder de una amplia gama de populistas de derecha cuyos únicos méritos serán sus “lindas caras” o sus capacidades escénicas.

Urge impulsar reformas legales que ciudadanicen y democraticen los institutos políticos. Por ejemplo, habría que crear una nueva ley de partidos que norme el funcionamiento de estas “entidades de interés público” para obligarlos a incorporar voces ciudadanas a su estructura, programa y candidaturas. Desde luego también habría que someter a los partidos, y a sus grupos parlamentarios, a un estricto régimen de transparencia. No existe justificación alguna para mantener el actual estado de excepción de que gozan los partidos en materia de acceso a la información pública.

Texto completo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/08/index.php?section=opinion&article=019a1pol