Monday, March 30, 2009

"Pinches Periodistas" (Revista Proceso, 29 de marzo de 2009)

Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo. En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad. En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.

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El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.
Texto completo disponible en:
http://www.cencos.org/es/node/20560 (CENCOS)

Wednesday, March 25, 2009

Militaristic Posturing in Mexico (The Boston Globe, March 25, 2009)

HILLARY CLINTON should take advantage of this week's visit to Mexico to openly question the Mexican government's failing human rights record. President Felipe Calderón has centered his anti-drug strategy almost exclusively on the use of the military. If the United States wants to support a lasting peace south of the border, it should complement its military support with demands to respect basic civil liberties.

Since taking power, Calderón has engineered armed crackdowns in 10 states and set up military checkpoints throughout the country. He has sent 40,000 troops to patrol urban centers, with almost 10,000 posted in the border city of Ciudad Juárez. Two of the highest federal police commanders are now military officers, and a dozen prosecutors and police chiefs in Mexico's states are also members of the armed forces.
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Clinton's visit to Mexico this week provides an important opportunity to demonstrate the US government's commitment to the rule of law. The "war" on drugs does not justify the wholesale suspension of civil liberties any more than the "war" on terror does.

Full text of article available at:

Rendición de cuentas (La Jornada, 23 de marzo de 2009)

Los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman el tradicional desprecio del gobierno de Felipe Calderón para la rendición de cuentas. La revisión del auditor revela que durante el primer año del gobierno actual las irregularidades en el gasto se duplicaron en comparación con el último de Vicente Fox. Mientras el informe del ombudsman demuestra que la creciente militarización del país ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos.

La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de dar cauce a las recomendaciones sin la menor autocrítica.

Texto completo de artículo disponible en:

Sunday, March 15, 2009

El otro poder fáctico (Revista Proceso, 15 de marzo de 2009)


Las televisoras comerciales y los intereses económicos que representan, no constituyen el único poder fáctico que amenaza la convivencia democrática del país. La exclusión sistemática de las mujeres del sistema político también pone en riesgo la salud de nuestras instituciones públicas. De la misma forma en que es necesario frenar los abusos e ilegalidades de Televisa y TV Azteca, es también urgente que los partidos políticos y las autoridades electorales realicen todo lo que esté a su alcance para combatir la hegemonía de los hombres en el poder.

Afortunadamente, la reforma electoral de 2007-2008 atendió este reclamo social al incluir una serie de disposiciones legales que garantizarían una mayor representación de las mujeres. Hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala sin rodeos que los partidos políticos están obligados a “procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular”. En las elecciones de 2009, ningún género puede rebasar el 60% [por un error de edición esta cifra aparece erróneamente como 70% en la versión impresa de este artículo] de los espacios para las candidaturas. La norma también faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) a negar el registro de las candidaturas que no cumplan con este requisito.
Texto completo del artículo disponible en:

Monday, March 9, 2009

Una lupa en las penumbras (La Jornada, 9 de marzo de 2009)

Este día se anunciarán los nombres de las organizaciones entre las cuales se repartirán los 25 millones de pesos que el gobierno de Felipe Calderón canalizó para ejercicios de observación electoral en 2009. En una extraña triangulación de fondos, la Organización de las Naciones Unidas administrará los recursos y el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron los responsables de nombrar al comité evaluador de las propuestas de observación. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aumento que se quisieron dar los consejeros electorales hace un par de semanas y por ello debería manejarse con absoluta transparencia, independencia y efectividad. De lo contrario, estaríamos de nuevo ante un derroche inútil y ofensivo de recursos públicos.

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Las organizaciones que intenten fiscalizar las acciones de la autoridad electoral tropezarán de entrada con un obstáculo formidable: la total opacidad del funcionamiento interno del IFE. En franca violación a su propio reglamento de transparencia, el organismo no da a conocer en tiempo y forma sus actas, acuerdos y versiones estenográficas. De manera excesiva, el ciudadano típicamente tiene que esperar hasta dos meses para conocer la información completa sobre las sesiones del Consejo General. A la fecha, por ejemplo, todavía no hay información pública disponible sobre el vergonzoso perdón otorgado a las televisoras en la sesión del 13 de febrero. La más reciente acta accesible por Internet data de hace casi seis semanas.

Texto completo del artículo disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=opinion&article=024a2pol

Sunday, March 1, 2009

Guerrero: justicia hipotecada (Revista Proceso, 1 de marzo de 2009)

La cruel tortura y el artero asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de la Costa Chica en el estado de Guerrero, revelan lo poco que hemos avanzado en materia de justicia y derechos humanos en el país. Los gobiernos de la alternancia, tanto a nivel federal como en el ámbito estatal, no han buscado transformar el sistema de procuración de justicia, sino que se han limitado a administrar la impunidad y la corrupción imperantes. Por su parte, el Poder Judicial se niega a abrirse al escrutinio público y receta graves dosis de impunidad en casos como los del gobernador Mario Marín y Atenco.

Las consecuencias están a los ojos de todos: el total fracaso de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el hecho de que solamente uno de cada 10 delitos son castigados, alrededor de 10 mil ejecutados en lo que llevamos de la administración de Calderón, así como la propagación de la tortura, las detenciones arbitrarias y la violación de los derechos humanos en todo el país.

Arículo completo disponible en: